Una residente de Bell Gardens es una de cuatro inmigrantes indocumentados arrestados recientemente y acusados de fraude en denuncias penales federales por separado, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Verónica Espinosa-Cortés, de 54 años, fue arrestada por agentes federales a principios de octubre durante un operativo realizado en los condados de Los Ángeles y Orange, en el que participaron agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).
Espinosa-Cortés, junto con otras tres personas arrestadas, enfrenta cargos por utilizar números de Seguro Social de otras personas para obtener crédito, principalmente en tiendas comerciales, y acumular posteriormente decenas de miles de dólares en deudas que intentaron eliminar mediante solicitudes de bancarrota, según las autoridades federales.
Los otros detenidos son Abel Ávila Martínez, de 48 años, residente de Buena Park; Walter Anastacio Castellanos-Pérez, de 53 años, de Rancho Dominguez; y José Alfredo Chávez-Cabello, de 54 años, de Long Beach.
Las autoridades todavía buscan a otro acusado, Moisés Ortuño-Claras, de 47 años, residente de Anaheim.
Verónica Espinosa-Cortés, residente de Bell Gardens. Foto cortesía del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Cada acusado enfrenta cargos de fraude relacionado con el uso de dispositivos de acceso, por un valor superior a $1,000.
Ávila, Chávez, Espinosa-Cortés y Ortuño son ciudadanos mexicanos, mientras que Castellanos es ciudadano guatemalteco.
EXPLOTACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
El primer fiscal federal adjunto Bill Essayli, con sede en Los Ángeles, declaró que los cinco acusados robaron números de Seguro Social de estadounidenses para obtener crédito, acumular deudas y posteriormente intentar eliminar más de $140,000 mediante el proceso de bancarrota.
“Estos acusados presuntamente se aprovecharon tanto de nuestro sistema financiero como del proceso de bancarrota y enfrentan hasta 15 años de prisión federal si son declarados culpables”, afirmó Essayli.
Peter Anderson, administrador federal de bancarrotas de la Región 16, que abarca el Distrito Central de California, señaló:
“Como organismo encargado de supervisar el sistema de bancarrotas, el Programa de Administradores Federales de Bancarrotas está comprometido a combatir las conductas fraudulentas y abusivas. Agradecemos el compromiso de la Fiscalía Federal y de nuestros colaboradores de las fuerzas del orden para garantizar que la bancarrota no sea un refugio seguro para los defraudadores”.
Christian Assaad, agente especial interino a cargo de la Oficina del Inspector General de la Administración del Seguro Social para la División de San Francisco, destacó que los arrestos muestran el daño que puede causar el uso indebido de números de Seguro Social para obtener crédito.
“Estos arrestos ponen de manifiesto el daño real que se produce cuando las personas utilizan indebidamente números de Seguro Social para obtener crédito. Estos esquemas dejan a personas inocentes enfrentando las consecuencias del fraude y los perjuicios económicos”, afirmó.
“Seguiremos trabajando con nuestros colaboradores federales para responsabilizar a quienes se aprovechan de otras personas y ponen en riesgo la integridad de nuestro sistema financiero”, agregó.
SOLICITARON PROTECCIÓN POR BANCARROTA
Según las declaraciones juradas presentadas junto con las denuncias penales, entre febrero y mayo de 2025, cada uno de los acusados solicitó protección por bancarrota ante el Tribunal Federal de Bancarrotas del Distrito Central de California.
Cada solicitud incluía declaraciones bajo juramento en las que los acusados reconocían haber utilizado un número de Seguro Social que no les pertenecía para obtener crédito.
Los acusados utilizaron ese crédito para comprar artículos de valor y acumular deudas en tarjetas de crédito, principalmente de tiendas comerciales.
Las autoridades señalaron que los verdaderos propietarios de los números de Seguro Social utilizados indebidamente nunca autorizaron a los acusados a emplearlos para ningún propósito.
Espinosa-Cortés declaró haber acumulado $10,982 en deudas con distintos establecimientos, entre ellos tiendas de muebles y una joyería.
Ortuño reportó deudas por $63,974 con comercios como Old Navy, Macy’s, Lowe’s, The Home Depot y Sam’s Club.
Ávila declaró deudas por $15,964, mientras que Castellanos y Chávez reportaron $32,961 y $19,153, respectivamente, principalmente en tarjetas de crédito de tiendas comerciales.
PRESUNTA COMPRA DE JOYAS
Las autoridades revelaron que, en noviembre de 2021, Espinosa-Cortés obtuvo la aprobación de líneas de crédito en Daniel’s Jewelers por un total de $3,717, utilizando un número de Seguro Social que no le pertenecía.
Posteriormente, en junio de 2024, realizó una compra de $1,000 en una sucursal de esa joyería ubicada en Culver City.
Entre mayo de 2022 y mayo de 2023, Chávez utilizó una tarjeta de crédito MyPremier, con un límite de $1,000, para realizar compras y retiros de efectivo por un total de $1,238.
La tarjeta también estaba vinculada a un número de Seguro Social utilizado indebidamente. La mayoría de las transacciones se realizaron en Long Beach.
En febrero de 2023, Ortuño obtuvo la aprobación de una tarjeta de crédito de Bass Pro Shops, emitida por Capital One Bank, con un límite de $6,000, utilizando un número de Seguro Social que no le pertenecía.
La solicitud fue presentada por internet y, en diciembre de 2024, utilizó la tarjeta para realizar varias compras en el condado de Orange por un total de $3,522.
En marzo de 2023, Castellanos recibió la aprobación de una tarjeta de crédito de Best Buy, emitida por Citibank, con un límite de $2,000, también mediante el uso indebido de un número de Seguro Social.
En mayo de ese año, utilizó la tarjeta para comprar un electrodoméstico por aproximadamente $1,206 en una tienda Best Buy de Compton.
Por su parte, en noviembre de 2024, Ávila solicitó una tarjeta de crédito de PayPal utilizando un número de Seguro Social ajeno y obtuvo la aprobación de un límite de crédito de $6,250.
En enero de 2025, utilizó esa tarjeta para realizar una compra de $1,185 en una tienda Guitar Center.
Es importante señalar que las denuncias penales contienen únicamente acusaciones y que todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable ante un tribunal.
ENFRENTAN HASTA 15 AÑOS DE PRISIÓN FEDERAL
Si son declarados culpables, cada uno de los acusados podría recibir una sentencia máxima de 15 años de prisión federal, conforme a la ley.
Tanto Espinosa-Cortés como Ávila Martínez habían sido deportados anteriormente de Estados Unidos.
Espinosa-Cortés fue deportada en 1996, mientras que Ávila Martínez fue deportado en 1999.
Las investigaciones están a cargo de agentes federales, con la colaboración de la Oficina del Administrador Federal de Bancarrotas, la Oficina del Inspector General de la Administración del Seguro Social (SSA-OIG), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).
El fiscal federal adjunto especial Yi-Fan C. Everett está a cargo de estos casos.
— Servicios Informativos de La Voz de SELA
Foto principal: Acusados de fraude, de izquierda a derecha: Walter Anastacio Castellanos-Pérez, José Alfredo Chávez-Cabello, Verónica Espinosa-Cortés, Abel Ávila Martínez y Moisés Ortuño-Claras. Fotografías cortesía del Departamento de Justicia de Estados Unidos.